Más de 115.000 profesionales pendientes de la interpretación que hagan los municipios de la nueva Ley de Ordenación del Comercio Minorista (Lorcomin)
La transposición de la Directiva Europea de Servicios al sector comercio, concretamente al ambulante, ha revuelto las aguas entre los profesionales que ven peligrar el futuro de sus negocios y la supervivencia de sus familias.
La ya mencionada Directiva de Servicios ha obligado a modificar la Lorcomin, Ley de Ordenación del Comercio Minorista, para adaptarla a las directrices de Bruselas, con el consiguiente malestar que ya se refleja en varios núcleos de nuestro país. Esta Directiva dicta que las licencias de venta ambulante no pueden ser indefinidas, y así, la Lorcomin deja en manos de los Ayuntamientos, a través de sus Ordenanzas Municipales, la duración de las mismas, con los límites que establezcan las CCAA, atendiendo a criterios de amortización de las inversiones y de la recuperación de unas retribuciones adecuadas.
La falta de homogeneidad en la interpretación de esta Ley, así como la falta de leyes específicas de venta ambulante en la mayoría de las CCAA, está haciendo que varios municipios estén modificando sus Ordenanzas Municipales, obligando a todos los vendedores a entrar en sorteo en el mejor de los casos, e incluso a no dejar presentarse en la misma plaza al sorteo de puestos una vez consumido el plazo de la licencia.
Por ese motivo, desde UPTA creemos que es necesario promover un modelo de ley autonómica que cree un marco estable y homologable en todo el Estado para el comercio ambulante y la elaboración de unas Ordenanzas Municipales marco, que homogenicen los criterios de duración de licencias y de renovación de las mismas, en aras a proteger a un colectivo tan importante en la economía de nuestro país, colectivo que ya supera los 115.000 trabajadores.
Como ejemplo de consenso, queremos destacar el acuerdo al que se ha llegado entre UPTA Andalucía y la Junta de Andalucía en este sentido, y que gracias al cual, y con la colaboración del Grupo Parlamentario Socialista, se procederá a modificar la Ley de Venta Ambulante incorporando un apartado que diga que las licencias serán prorrogables y tendrán una duración de uno a cuatro años.
Estos acuerdos establecidos entre UPTA y la Junta han servido para que las movilizaciones previstas para el mes de febrero en Andalucía y convocadas por organizaciones ajenas al entorno de UPTA, hayan sido desconvocadas y el sector vuelva a respirar con tranquilidad y a ver su futuro mucho más sólido.
Situaciones parecidas de incertidumbre se están dando en otros territorios por lo que UPTA considera imprescindible acelerar los contactos y que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo promueva acuerdos equivalentes a los de Andalucía.
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