La ASOCIACION ESPAÑOLA DE IMPAGADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES (AEPIC) Y LA FEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES DE AUTONOMOS (ATA) convoca manifestación para el día 22 de octubre de 2009 por considerar que las medidas anticrisis del gobierno no han funcionado, y que es necesario la movilización de la sociedad exigiéndole medidas eficaces dirigidas a la productividad y a las políticas activas de empleo y autoempleo.
Entre las medidas que la AEPIC solicita al gobierno, para la mejora de la productividad, está que no se paguen a los proveedores a 240 días y que se ponga en el centro del debate económico la trascendencia del retraso judicial en la resolución de los cobros. La AEPIC considera inaceptable que los procedimientos de reclamaciones de cantidad y los procedimientos concursales puedan llegar a durar hasta 4 años. Esto no hay empresa que lo pueda aguantar.
La seguridad jurídica es un elemento esencial para la planificación y para la continuidad de la empresa, por eso, es vital que las medidas del gobierno vayan dirigidas a conseguir agilidad en el cobro de las deudas, agilidad en los procedimientos judiciales y agilidad en los trámites administrativos.
Estas medidas requieren fundamentalmente voluntad política y las cantidades de dinero suficientes para modernizar los juzgados y ampliar el número de ellos, ya que de esta reforma también depende la productividad de este país. El dinero destinado al Plan E hubiera sido mucho más eficaz destinado a esas reformas que hubieran revertido en miles de empresas y autónomos que han cesado en su actividad por imposibilidad de cobrar lo que se le debe.
La crisis está golpeando con especial virulencia a las pymes y a los autónomos españoles por la pasividad del Gobierno que ha desoído nuestras propuestas y sólo ha sabido improvisar medidas puntuales que de nada han servido para paliar la situación de desamparo en que vivimos.
Si esto es así en general -- 116.000 autónomos han desaparecido desde enero este año--, la situación es particularmente dramática en el sector de la construcción con 62.302 autónomos menos (el 11,5% de descenso), lo que representa casi la mitad de todos los trabajadores por cuenta propia que haperdido España en estos nueve meses.
Somos un sector que estamos hartos, no podemos aguantar más, estamos ahogados y vemos que el gobierno, en vez de hacer una reconversión industrial, como hizo con el sector metalúrgico, minero y naval, se difumina en medidas puntuales, sectoriales y diseminadas en el tiempo para mantener constantemente en los medios de comunicación la sensación de que está proponiendo nuevas medidas cada año, pero que en nada resuelven los problemas estructurales de la economía española.
El Letrado de la AEPIC, Don Enrique Antonio Delgado Carravilla, insiste nuevamente: “Pedimos agilidad en el cobro de nuestros clientes, agilidad en los procedimientos judiciales y agilidad en las tramitaciones administrativas. Esto tendría un impacto inmediato en la productividad de nuestra economía, sin que se requiriera grandes inversiones, y se evitaría las situaciones de desamparo en las que están viviendo nuestras pymes y autónomos”.
Las razones de este desastre hay que buscarlas principalmente en la morosidad que afecta, más que a nadie, al sector de la construcción después de que se reventase la burbuja inmobiliaria. Las grandes empresas nos han dejado con una deuda de miles de millones de euros difícil de cobrar por las deficiencias de la ley concursal que retrasa años la recuperación de las facturas que nos deben aquellas constructoras e inmobiliarias que han cerrado por la crisis.
Como asegura Don Jose María Carrasco, vicepresidente de la AEPIC:
“Debido a la lentitud de los juzgados de lo mercantil y al exceso de trabajo de los administradores concursales, finalmente se convierten en la ‘tumba’ de las empresas que hemos realizado los trabajos y que no sólo nos vemos condenados a no cobrar un duro, sino que nos vemos perseguidos por las administraciones al no concedernos los aplazamientos ni certificados positivos; y por la banca aplicándonos intereses abusivos de demora.”
Pero, por si no fuera bastante, también las administraciones locales se niegan a hacerse cargo de sus pagos, y además han frenado la línea ICO ayuntamientos que apenas han reconocido 152 millones de los 3.000 que el Gobierno ha aportado.
Ambas cosas han acabado por ahogarnos, por lo que reclamamos urgentemente una reforma de la ley de morosidad que obligue a pagar a unos y a otros, sin excusas, en un plazo no superior a 60 días y de 30 días para las administraciones públicas.
No es sólo que no nos paguen lo que nos deben sino, además, el crédito se ha restringido hasta un punto que 10 de cada 10 autónomos, y hemos dicho bien, 10 de cada 10 autónomos tienen problemas para que se les dé un préstamo.
Tampoco en este punto han servido de nada las líneas del ICO que apenas si han funcionado pese a que nosotros veníamos advirtiendo sus deficiencias desde marzo. En todo este tiempo el Gobierno se ha limitado a insistir en que estas líneas de avales iban a velocidad de crucero y de nada vale ahora que hayan reconocido su ineficacia.
Mientras que seguimos cercados por todos estos frentes, las pymes y los autónomos de la construcción hemos tenido que soportar la caída de la actividad sin ninguna ayuda –no como los bancos que reciben préstamos del Estado o las grandes constructoras a las que se les está renovando sus pólizas de crédito y concediendo nuevas infraestructuras-- y teniendo que hacer frente a nuestras deudas con nuestra casa o con todos nuestros bienes –pasados, presentes y futuros-- e hipotecando el bienestar de nuestras familias.
Pero si nuestra situación ya es mala de por si, además el Gobierno planea subir los impuestos. Por un lado seguimos abonando a Hacienda los importes del IVA antes de haber cobrado la factura –eso si la cobramos--, algo que el Gobierno se comprometió a cambiar en los acuerdos de la Mesa del Autónomo del 5 de mayo y no ha hecho. Por otro, se nos promete una subida de este impuesto que no podremos repercutir en precios por lo que, la mayoría de nosotros deberemos asumirlo de nuestros bolsillos.
La situación es, como ya he dicho, dramática: facturas que no podemos cobrar, préstamos que no nos conceden, fuerte caída de la actividad, subida de impuestos, deudas que nos ponen al borde del embargo,...y, además, el Gobierno ofrece a nuestros autónomos una prestación por cese de actividad ridícula, de un máximo de seis meses, mientras que reserva enormes partidas presupuestarias para los asalariados y les entrega subsidios generosos como el de los 420 euros, medida ineficaz y electoralista.
Desde la AEPIC se quiere poner de relieve que no hay política social más digna que la que genera empleo y actividad económica. No queremos subsidios, queremos políticas activas de empleo y autoempleo, que permitan seguir manteniendo nuestros negocios, que a su vez, nos permita seguir contratando personal, y evitar el aniquilamiento de la iniciativa privada en gran parte de la sociedad, como lamentablemente ha ocurrido con Andalucía y Extremadura, que después de tantos años de subsidios directos no ha permitido mejorar los umbrales de paro más altos de Europa.
Por nuestra dignidad, como sociedad civil, invitamos a todas las organizaciones y todas las personas para que participen en nuestro acto de protesta, para que el gobierno se centre en medidas dirigidas a la productividad de las empresas y a una política activa de empleo y autoempleo
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