La Comisión de Trabajo del Senado, al aprobar el texto de la futura Ley de Reforma Laboral, ha mantenido la derogación de la Disposición adicional decimotercera de la Ley de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, por la que se establecía una prestación no contributiva para los trabajadores autónomos que estuvieran en situación de desempleo.
La posición que UPTA había hecho llegar a los Grupos Políticos era la de aprovechar la tramitación para sustituir esa disposición adicional por otra mucho más ajustada, y que equivalía a homologar la situación con la de los trabajadores asalariados en las mismas condiciones. Esta propuesta, que fue recogida por el Grupo Popular a través de una enmienda, podría haber sido aceptada por todos los grupos, si el PSOE la hubiera apoyado.
UPTA considera que, si bien el texto actual de la Ley no es el más adecuado, sin embargo la simple eliminación del mismo no sólo demuestra poca sensibilidad hacia el colectivo, sino también muy poco respeto a las normas de funcionamiento del sistema parlamentario, ya que establece una derogación a una norma de contenido social aprobada hace menos de un mes.
El PSOE ha tenido la oportunidad de demostrar su interés por el colectivo apoyando la enmienda del PP. “Esta enmienda era absolutamente equilibrada, ya que no producía ninguna distorsión del sistema ni ningún esfuerzo financiero especial, sino que tan sólo intentaba mantener una prestación no contributiva en las mismas condiciones que pudiera establecerse en el futuro para el resto de los trabajadores”, explicó Sebastián Reyna, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos.
Además, UPTA cree muy poco oportuno que este debate se haya mezclado con el de la Reforma del Mercado de Trabajo.
La Disposición adicional decimotercera de la ley de Protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos establece una prestación universal para todos los trabajadores autónomos que se encuentren en paro de 425 €. Esta disposición, aprobada en el Congreso, sin el acuerdo previo con las organizaciones de autónomos, y a propuesta de CiU, resulta claramente desequilibrada y discriminatoria con respecto a la situación del resto de los trabajadores y desincentiva la cotización para cubrir la nueva prestación, “pero la solución no era la simple derogación, en base a las mayorías parlamentarias, sino su reconducción a una propuesta aceptable y solidaria”, aseguró Reyna.
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