El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley tras recibir el informe favorable del Consejo Escolar
Todos los profesores madrileños tendrán la condición de autoridad pública y presunción de veracidad. Podrán adoptar medidas cautelares de carácter provisional cuando haya conductas contrarias a las normas del centro. Los padres y tutores estarán obligados a colaborar con los centros para facilitar el cumplimiento de las normas
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de
El proyecto de Ley aprobado hoy reconoce la condición de autoridad pública para los directores y demás miembros del equipo directivo, así como para el resto de profesores de los centros educativos madrileños. La condición de autoridad pública implica que los hechos constatados por los profesionales de la enseñanza gozarán de presunción de veracidad en sus declaraciones e informes.
Asistencia jurídica de los profesores
Para reforzar esta condición, la administración educativa adoptará, a través de la nueva normativa, las medidas oportunas que garanticen la adecuada protección y asistencia jurídica de los profesores, así como la cobertura de su responsabilidad civil en relación con los hechos que se derivan de su ejercicio profesional, tanto dentro como fuera del centro educativo.
Asimismo, la futura Ley establece que los centros podrán recabar de los padres o representantes legales la información y colaboración necesaria respecto a las circunstancias personales, familiares o sociales de los alumnos para facilitar la aplicación de las normas que garanticen la convivencia escolar.
Sanciones y medidas cautelares
Serán sancionables no sólo las conductas contrarias a la convivencia que tengan lugar en el recinto escolar sino también aquellas que se produzcan durante la realización de actividades extraescolares o la prestación de los servicios de comedor y transporte escolar. También podrán ser sancionadas aquellas conductas que, aunque llevadas a cabo fuera del recinto escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a algún miembro de la comunidad educativa.
los padres o representantes legales de los alumnos y podrán ser revocadas o modificadas por el director del centro.
Responsabilidad y reparación
El proyecto de Ley obliga también a los alumnos a reparar los daños que causen, de forma intencionada o por negligencia, a las instalaciones, a los materiales del centro y a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. Asimismo, tendrán que restituir, en su caso, lo sustraído. Los padres o representantes legales asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en estos casos.
Del mismo modo, cuando los alumnos incurran en conductas tipificadas como agresión física o moral a los profesores, los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa, deberán reparar el daño moral causado.
Un paso más hacia la convivencia escolar
El Ejecutivo regional ya dio un primer paso en este sentido con la aprobación del denominado Decreto de Convivencia, en abril de 2007, que
fija las normas generales por las que debe regirse el comportamiento de los alumnos en los centros educativos, y en donde se prohíbe, entre otras cosas, el uso del teléfono móvil en las clase, y se incluyen normas tan elementales como el cuidado de las instalaciones escolares.
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