El caso inédito en los tribunales de justicia madrileños del concejal que ha perdido contra el Ayuntamiento al que representa 45 juicios en 10 años continúa. Ángel Galindo, concejal único de Alternativa por Boadilla, acaba de ser condenado, una vez más, al pago de costas por un recurso interpuesto, en este caso, contra el acuerdo de pleno de constitución de la corporación de fecha 16 de junio de 2007 relativo a la plantilla municipal.
El Alto Tribunal madrileño confirma íntegramente la sentencia dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Madrid de fecha 31 de julio de 2009, en la que se rechazaban uno a uno los argumentos esgrimidos por Galindo y se declaraba plenamente ajustado a derecho el acuerdo impugnado.
El tribunal dictamina lo siguiente: que los 16 documentos solicitados por el concejal en trámite de prueba carecen de relevancia probatoria; que
El Equipo de Gobierno insta a Ángel Galindo, tras esta nueva sentencia firme en la que de nuevo se le condena al pago de costas por los daños y perjuicios innecesarios causados a la administración pública, a que desista en los 14 procedimientos judiciales que actualmente tiene abiertos y que afectan a las condiciones laborales y profesionales de los empleados municipales y que al ser similares a este recurso previsiblemente concluirán con idénticos resultados.
Personalidad querellante
Este nuevo juicio eleva a 45 los pleitos perdidos por este concejal contra el Consistorio desde 1999, con el consiguiente gasto injustificado para las arcas municipales. El equipo de gobierno ha criticado que los más de 150.000 euros gastados hasta ahora en estos juicios deberían haberse invertido en actividades que resultaran más provechosas para los vecinos.
Es probable que esta actitud de continua judicialización de la vida política pueda deberse a un síndrome conocido en el entorno jurídico como el de la “personalidad querellante” también llamado el “falso denunciante reincidente”. A efectos médicos-legales esta patología se caracteriza porque la persona que la padece tiende a reclamar insistentemente de la administración de justicia cualquier tipo de actividad por su parte. La negativa a sus pretensiones la lleva a una continuidad en sus actuaciones con sucesivas reclamaciones, escritos, denuncias, etc. Cuanto más le quitan la razón los tribunales más insiste el afectado en seguir denunciando, en lo que entiende se trata de una conspiración contra sus argumentos.
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