Miembros de la Plataforma por una Vivienda Digna se han personado en el Ministerio de la Presidencia para entregar un escrito que contiene una serie de peticiones relacionadas con la Ley de Transparencia.
Dicha ley está en fase de anteproyecto y, tras haber informado el diario “El País” el pasado 16 de agosto de que se aprobaría en Consejo de Ministros antes de septiembre, se encuentra aparentemente paralizada.
Para la PVD es inadmisible que nuestro país carezca de una ley de transparencia y acceso a la información pública. Se trata de una deficiencia grave que convierte a nuestra democracia en una de las más opacas de la Unión Europea, donde todos los países excepto Luxemburgo y España disponen de una ley específica que regula este derecho básico de la ciudadanía.
Además, para la Plataforma, una ley de transparencia limitaría desmanes inmobiliarios y casos de corrupción urbanística como los ocurridos en los últimos años, favoreciendo así el cumplimiento del artículo 47 de nuestra Constitución, según el cual todo ciudadano tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Hay una relación directa entre la falta de transparencia y la corrupción en cualquiera de sus ámbitos y manifestaciones, y así lo vienen manifestando desde hace tiempo numerosas instituciones internacionales.
Por otro lado, las actitudes poco transparentes de algunos poderes públicos sobre planeamientos urbanísticos inadecuados que sólo favorecen a unos pocos, guardan bastante relación con la descomunal burbuja inmobiliaria gestada en nuestro país. O lo que es lo mismo, la falta de transparencia facilitó los desequilibrios que nos llevaron a la brutal crisis que estamos padeciendo.
En el escrito presentado en el Ministerio de la Presidencia, la Plataforma por una Vivienda Digna -asociación de carácter nacional desde 2007- solicita información acerca de la fecha en que el Consejo de Ministros tiene previsto deliberar sobre el anteproyecto, sobre las causas por las que España no ha ratificado el Convenio del Consejo de Europa para el Acceso a Documentos Oficiales, sobre las razones por las que se ha prescindido de la sociedad civil en la elaboración de este anteproyecto, y acerca de la filtración a “El País” de un borrador del mismo, para después dejarlo aparentemente en suspenso sin ninguna explicación.
El Convenio del Consejo de Europa para el Acceso a Documentos Oficiales es un tratado internacional adoptado por el Consejo de Europa el 27 de noviembre de 2008 donde se recogen unos mínimos que, de ratificarlo, los estados deben incluir en su legislación. España ni lo ha ratificado, ni tiene legislación propia sobre el tema. La PVD reclama también que el texto que prepara el Gobierno no sea una mera fachada sino que suponga una mejora real, y para ello debería cumplir como mínimo este convenio.
Con esta iniciativa la Plataforma por una Vivienda Digna se une a la lista creciente de colectivos y personas que reclaman una ley para el acceso a la información pública en nuestro país.
