Los ayuntamientos exponen ante el Consejo Económico y Social su posición sobre el texto aprobado por el Consejo de Gobierno
Los ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas Vaciamadrid han expuesto, a petición del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, su posición respecto del Anteproyecto de Ley de la Cañada Real aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Han comparecido ante esta institución la delegada de Urbanismo y Vivienda, Pilar Martínez, el alcalde de Rivas, José Masa, y el asesor del Ayuntamiento de Coslada, Joaquín López.
Según han informado al Consejo los representantes de los ayuntamientos el texto del anteproyecto de Ley aprobado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid incumple lo acordado por la presidenta de la Comunidad con la Delegación del Gobierno y los ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas Vaciamadrid.
Concretamente, el nuevo anteproyecto permite, entre otras cosas, que en un plazo de dos años se pueda llevar a cabo la venta de los suelos ocupados sin acuerdo social previo. Los representantes de los ayuntamientos consideran que esta forma de desafectar, lejos de resolver agravará los problemas de pobreza y exclusión social, medioambientales, de inseguridad ciudadana y de ausencia de respeto al Estado de Derecho presentes en la Cañada Real.
Asimismo creen que esta es una Ley que en su estado actual permite premiar la ocupación ilegal de bienes de dominio público. Una ley que lejos de resolver el problema social y el de prevalencia del Estado de Derecho, favorece a una minoría con capacidad adquisitiva suficiente para poder comprar el suelo que ha ocupado ilegalmente ya sea para recreo, para actividades económicas irregulares o para vivienda. Una minoría interesada en la compra del suelo que ha ocupado ilegalmente y que rechaza cualquier política de realojos de carácter social.
Es una ley cuyo modelo consiste en facilitar el uso residencial de la Cañada Real, cuando de hacerse así en muchos de sus tramos se contravendría con ello la legislación ambiental o se pondría en riesgo la seguridad de las personas. Así sucede, entre otros, en aquellos suelos que se encuentran dentro del Parque Regional del Sureste, los cercanos al vertedero de Valdemingómez o los que se ven atravesados por grandes infraestructuras, como la gran arteria de gas natural.
Efectos no deseados
Es además una ley que producirá efectos no deseados. De entrada producirá una situación de parálisis prolongando indefinidamente la situación actual de deterioro de la Cañada Real. Asimismo, elevará los costes económicos que tengan que asumir en el futuro las administraciones municipales para poder solucionar el problema, pues se tendrá que negociar con los nuevos propietarios a los que venda el suelo la Comunidad de Madrid. Las administraciones perderán el control de la situación incrementándose las disputas jurídicas con los nuevos propietarios del suelo. Se abrirá la puerta a que los clanes de la droga a través de personas interpuestas se asienten en la zona con títulos de propiedad manteniendo un tipo de asentamientos marginales favorables para su negocio. Finalmente, se incentivará la ocupación ilegal de otros bienes de dominio público en la Comunidad de Madrid.
Por todo ello, los tres ayuntamientos madrileños advierten a los potenciales compradores del suelo de la Cañada Real que ejercerán la totalidad de sus competencias urbanísticas no consintiendo ningún tipo de especulación, sea quien sea quien adquiera el bien, un ocupante ilegal o cualquier otro actor privado. Para ello, entre otras medidas no modificará la clasificación del suelo, quedando la Cañada Real como zona verde especialmente protegida.
Es una Ley, en definitiva, con la que se pretende eludir la responsabilidad de la Comunidad de Madrid en la solución del problema y, en particular su responsabilidad social.
Competencias de la Comunidad
En este sentido, los ayuntamientos recuerdan a la Comunidad que se produzcan o no transmisiones de suelo, la Administración Autonómica seguirá manteniendo sus competencias en materia de servicios sociales, tal y como prevé el propio Estatuto de Autonomía y la Ley 11/2003, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, así como aquellas otras competencias en materia de Infraestructuras Supramunicipales y de Disciplina Urbanística. Asimismo, dentro del sistema público de servicios sociales, existen otras disposiciones legales que atribuyen a la Comunidad de Madrid competencias que le obliga a intervenir en la Cañada Real en el ámbito social, como son las relativas a los derechos de la infancia y la adolescencia, la integración y promoción del pueblo gitano, así como aquellas otras derivadas de la creación de la Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación, el Instituto de la Vivienda de Madrid y el Instituto de Realojamiento e Integración Social.
En esta última norma se pone de manifiesto la competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid en materia de vivienda y promoción y ayuda a los grupos sociales necesitados de especial atención, abarcando competencias relativas a proporcionar viviendas a personas que deban integrarse socialmente y que vivan en chabolas o infraviviendas, así como a lograr una distribución territorial equitativa de familias y personas realojadas en viviendas públicas evitando la concentración en edificios, barrios y distritos.
Recuperar el consenso
Finalmente, los ayuntamientos piden a la Comunidad de Madrid que convoque nuevamente a todas las administraciones implicadas a la Mesa de Negociación, de modo que se recupere el consenso alcanzado el 7 de julio ahora roto por una decisión unilateral de la Comunidad de Madrid.
En este sentido, se reitera la importancia de seguir la hoja de ruta en la secuencia de etapas acordada. A saber,
- aprobar la ley en los términos pactados con los ayuntamientos;
- elaborar el censo y analizar la situación social de cada familia;
- alcanzar un acuerdo social entre las administraciones;
- hacer los cambios en la ordenación urbanística que procedan;
- y sólo entonces desafectar.
Consideran, por último, los tres ayuntamientos, que es muy importante que se siga cada una de las etapas en la secuencia señalada, pues un cambio en el orden de los factores alterará el producto, abriendo las puertas al fomento de la ocupación ilegal de bienes públicos y a la especulación urbanística, agravando, en lugar de resolver, el problema social, de seguridad pública y de desafío al Estado de Derecho presente en la Cañada Real.
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