Los autónomos y pymes se quejan de peores condiciones que en otros países europeos y de discriminación ante Hacienda. En efecto, la revista económica Forbes publica una lista de países con las condiciones, cuotas y pagos que debe hacer un autónomo al darse de alta y durante los inicios de su actividad. Una comparativa que no deja en buen lugar a España y a las facilidades que da este país para comenzar a trabajar por cuenta propia, pues en España es necesario hacer frente a una couta mensual de 260 euros a la Seguridad Social y , además, hacer frente a declaraciones trimestrales de IVA y de IRPF, y los descuentos en la cuota mensual para nuevos autónomos que ha implantado recientemente la Ley de Emprendimiento que aprobó el Gobierno son sólo para nuevos trabajadores por cuenta propia.
Es cambio, Francia, el mejor país donde ser autónomo, la existencia de cuotas depende de la profesión que se tenga así como de las ganancias que presente el trabajador. Los autónomos franceses no pagan ninguna cuota en el primer año de su actividad. Con esa alta, el trabajador tiene derecho gratuito a asistencia sanitaria, jubilación, incapacidad temporal y pensiones de viudedad e invalidez.
Igualmenye, Reino Unido ocupa la segunda posición del ranking de Forbes: cuota fija para todos los trabajadores autónomos, que oscila entre los 13 y los 58 euros. De la misma manera, los autónomos ingleses no deben realizar declaraciones trimestrales de IVA, que se paga al final del ciclo fiscal dependiendo de las ganancias que tenga cada trabajador. A este sistema la publicación le otorga ocho puntos. Al igual que al italiano, cuyo rasgo principal es que solo se paga en función de las ganancias que se tenga, siendo la tasa máxima a pagar del 20%. Frente a esos ejemplos, España aparece como incalificable, en un ranking donde el último puesto es para Alemania.
También se quejan autónomos y pymes de que Hacienda se ceba ante el colectivo, pues según el sindicato de inspectores Gestha ocho de cada diez técnicos de su plantilla enfocan su trabajo en perseguir pequeños fraudes e irregularidades de estos grupos de trabajadores, siendo únicamente el 20% restante de la plantilla los responsables de perseguir el fraude de las grandes fortunasespañolas, además de las corporaciones empresariales e multinacionales. Del mismo modo, estos profesionales hacen hincapié en la necesidad de poner en marcha otras medidas anti-fraude, como la prohibición de los pagos en efectivo por encima de los mil euros o el establecimiento de un límite máximo del cinco por ciento en la participación en las SICAV. Un esfuerzo que de ponerse en práctica, subrayan desde Gestha, supondría un aumento para las arcas estatales de una media de 8.000 millones de euros anuales.
Gestha ha lamentado la puesta en marcha del nuevo Plan anual de Control Tributario y Aduanero, que han tildado de poco ambicioso ya que los esfuerzos destinados al mismo no lograrán reducir la economía sumergida. Así, han señalado que el propósito de control de fraude en un máximo de 11.300 millones de euros se superará, ya que es inferior en mil millones a los resultados logrados en 2014. Sin embargo, desde Gestha han recordado que los resultados de este periodo representaron un 23% de la evasión total estimada, o lo que es lo mismo, más de tres cuartas partes del fraude estimado quedó impune.