Los plazos de pago entre las empresas se sitúan en 83 días, con lo que también incumplen los 60 días que establece la Ley de Morosidad. En este caso, la reducción que se ha experimentado con respecto al año 2014 ha sido de un día. En está línea, Lorenzo Amor ha calificado como "llamativo" el hecho de que las empresas cotizadas, en su presentación de resultados ante sus accionistas, "presuman de ser empresas socialmente responsables y sigan pagando con retraso a sus proveedores".
Son las grandes empresas las que más tardan en pagar, con una demora que supera los 4 meses en hacer frente a las facturas que tienen con los proveedores autónomos. En cuanto a las transacciones entre los propios autónomos y con empresas de menos de 10 trabajadores, el informe indica que son estos los únicos sectores que cumplen con lo establecido por Ley, con un plazo de pago de 57 y 60 días, respectivamente.
Además, los datos de ATA reflejan que el 11% de los autónomos proveedores tarda más de 6 meses en cobrar sus facturas. Asimismo, un 34,7% experimenta un retraso en el cobro de entre 3 y 6 meses. En esta línea, el informe destaca que más de la mitad cobra antes de los 90 días.
Por comunidades autónomas, Andalucía y Castilla-La Mancha son las comunidades autónomas en las que más morosidad privada hay, con una media de 95 días. Por el contrario, Canarias y Cantabria son las comunidades donde más se respetan los periodos medios de pago que establece la ley, con 69 y 74 días, respectivamente.
Por último, Lorenzo Amor ha hecho referencia a las recientes propuestas de los partidos políticos, como ha sido el caso de Ciudadanos, que ha pedido que aquellos trabajadores autónomos que se sitúen por debajo del salario mínimo estén exentos de cotizar. En este sentido, Amor ha pedido coherencia a la hora de proponer "medidas realistas y con un sustento".
En concreto, ha manifestado que se trata de una petición que ATA ya había realizado, si bien, ha matizado que aunque se hagan muchas alusiones a la cotización, "hay muchos autónomos a los que les preocupa más la prestación social".