Una de las pasadas reformas del RETA supuso además cambios en esta distribución, ya que hasta hace no mucho el cálculo de la pensión se hacía con las cotizaciones de los últimos quince años, mientras que ahora se tiene en cuenta toda la vida laboral: «Antes se aumentaban las cotizaciones durante los últimos años para intentar llegar al máximo, pero ahora ya no tiene mucho sentido, y más con las incertidumbres que genera un sistema que todos sabemos que no funciona y que cualquier gobierno puede decidir cambiarlo», indica el presidente de ATA. El colectivo propone un sistema similar al británico, donde los ingresos hasta 60.000 euros pagan una cuota fija, incluso sin declaraciones trimestrales de IVA: «Dicho modelo, estableciendo un baremo mínimo y fijo, que va subiendo por tramos en función de los ingresos, sería más justo y, también como decía, más sostenible para la Seguridad Social», señala Melchor.
Las últimas modificaciones del RETA -al margen de la tarifa plana de 50 euros para los nuevos autónomos del 2014 durante los seis primeros meses- supusieron una subida de las cotizaciones sociales, así como con la obligación de integrar en el salario conceptos y beneficios sociales que las empresas acuerdan por convenio con sus trabajadores y, que hasta finales del 2013 estaban exentos: vales de comida, complementos de transporte, planes de pensiones o seguros médicos, entre otros. Sin embargo, el 5 de julio del año pasado entró en vigor una mejora para los autónomos que ingresan menos de 15.000 euros anuales (inicialmente el límite de rentas era de 12.000 euros), ya que soportan una retención por el IRPF del 15% en lugar del 21%.