España continúa siendo la asfixia y el infierno para miles de autónomos. Pese a que la ley establece un máximo de 30 días para abonar las facturas a los trabajadores por cuenta propia, el sector público español tarda hasta 89 días, tres meses, en hacer efectiva la entrega del dinero. Es decir, se triplica el máximo permitido por ley, asfixiando aún más a los autónomos que tienen que encontrar financiación para continuar pagando el IVA a tiempo, tras el fracaso de la ley del IVA de caja, a la que se han acogido una ínfima parte, pese a ser vendida como una medida estrella por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.
De esta forma, las administraciones no sólo incumplen la propia norma al tardar 3 meses en pagar a los autónomos, sino que además la ratio de impago de las facturas vencidas se sitúa en el 66%, el doble que en la UE, según apunta un informe elaborado por el Centro de Estudios de Morosidad de la EAE Business School.
El estudio "¿Cómo pagamos hoy en día?" elaborado entre enero y abril de 2015 sobre una muestra de 600 empresas, indica que el plazo medio de pago de las operaciones entre empresas, también denominadas 'business to business' (B2B) el pasado año fue de 95 días, casi el doble de la media de la UE, 47 días.
Respecto a las comunidades autónomas, el estudio muestra en 2014 una tardanza media de 43 días en pagar a sus proveedores, 13 días más del plazo previsto en la legislación de lucha contra la morosidad para los pagos de las administraciones públicas. Las comunidades más morosas, según este informe, son Aragón (77,5 días), Comunidad Valenciana (74,4) y Extremadura (72,3).
El estudio también se refiere a las empresas del IBEX 35, que tienen un plazo medio de pago de 169 días, casi el triple de los 60 que marca la ley para el sector privado. En este sentido, las empresas del sector de la construcción e inmobiliario son las que registran el mayor retraso en la liquidación de sus facturas, ya que alcanza los 288 días; seguido por el sector de servicios y comercio con un plazo de pago de 253 días e industria, con 230.
Según este informe, el 83% de las empresas españolas evita acudir a los tribunales para reclamar deudas debido a la lentitud de la justicia, mientras que el 60 % opta por renunciar a parte de las cantidades adeudadas para así reducir la deuda adquirida.