Las nuevas medidas para incentivar el trabajo autónomo y la economía social tendrán un retorno económico positivo, descontado su coste adicional en un primer momento, ya que producirán mayores ingresos por la vía de las cotizaciones de los nuevos autónomos y de los asalariados que contraten y un descenso de los costes asociados al desempleo.
Así figura en la memoria de impacto del proyecto de Ley por el que se modifica y actualiza la legislación en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento del trabajo autónomo y de la economía social.
De entrada, estos incentivos tendrán un coste adicional de 302,8 millones de euros anuales a partir de 2016, con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en lo que se refiere a bonificaciones en la cuota, y de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), cuando se trate de reducciones.
Por el contrario, se espera que los ingresos adicionales por cuotas a la Seguridad Social de los nuevos autónomos alcancen los 100 millones de euros en 2016 y superen los 350 millones en 2017, suponiendo que todos opten por la base mínima de cotización y se acojan a la 'tarifa plana'.
Además, estimando que 15.000 nuevos autónomos contraten a una media de 1,3 trabajadores, de los que la mitad podrían estar recibiendo la prestación por desempleo y a un tercio de los contratos se les aplicase el incentivo del mínimo exento, los mayores ingresos y el ahorro en prestaciones alcanzarían los 200 millones de media anual.
Sumando ambas partidas, resultarían unos ingresos de unos 850 millones de euros en dos años, frente a unos gastos o ingresos no materializados de 600 millones en el mismo periodo, con una saldo positivo de 250 millones de euros.
La memoria no precisa mucho más en el caso de los ingresos, pero en el de los gastos explica que siete son las medidas que tienen impacto económico.
La más costosa es la ampliación de la posibilidad de compatibilizar la prestación por desempleo con el alta en el Régimen Especial del Trabajo Autónomo (RETA) a los mayores de 30 años, hasta un máximo de nueve meses. Esta modificación tendrá un sobrecoste de 138,1 millones de euros.
El Gobierno explica que, en ausencia de este incentivo, buena parte de los autónomos agotarían su prestación por desempleo antes de iniciar la actividad por cuenta propia. Además prevé que, al existir otras medidas de apoyo al emprendimiento, quienes quieran abrir un negocio opten por utilizarlas, por lo que el coste real de esta medida será menor.
La segunda partida de mayor desembolso se refiere a la ampliación de dos a cinco años del plazo para la reanudación de la prestación por desempleo tras darse de alta como autónomo, que supondrá una coste de 92 millones de euros. En este punto, la memoria cuenta con que, tras la puesta en marcha de la medida, se incrementen en un 8% las reanudaciones.