Además, el proyecto de Ley sitúa la cuota de la 'tarifa plana' en 50 euros exactos --hasta ahora la reducción era del 80% sobre la base mínima durante seis meses--, lo que supondrá un coste anual de 4,4 millones de euros. Se trata de un saldo que, puesto que deriva de una reducción y no de una bonificación, ha de entenderse como una disminución de ingresos.
Asimismo, la ampliación de esta 'tarifa plana' a los autónomos empleadores acarreará un gasto adicional de 24,9 millones de euros, al que se suman 176.390 euros por su extensión a las víctimas de violencia de género y del terrorismo y 802.138 por su apertura a personas con discapacidad.
A continuación, el proyecto de Ley extiende a todas las edades la opción de capitalizar el 100% de la prestación por desempleo en un pago único para la inversión en un negocio. Se trata de un incentivo que no es un gasto, sino un adelanto, ya que la gran mayoría de los potenciales beneficiarios ya pueden agotar su prestación percibiéndola en forma de capitalización para el pago mensual de la cotización.
Si bien, el Ejecutivo explica que un 15% de las personas que capitalizan la prestación para establecerse como autónomo se mantienen en la actividad menos de un año y, por tanto, no agotan el 40% de la prestación contributiva pendiente. Sumando estas circunstancias y contando con que a estas personas les quedara por capitalizar el 50% de las cuotas, el coste de la medida será de algo más de 21,5 millones.
A renglón seguido, la ampliación de la bonificación a los familiares colaboradores hasta los 36 meses --el 50% durante los primeros 18 meses y el 25% durante los seis siguientes-- supone un coste de 16,5 millones.
En el caso de la incorporación de trabajadores a entidades de la economía social, la ampliación, en primer lugar, de las bonificaciones para la incorporación de trabajadores menores de 30 años o de 35 años en caso de discapacidad, representan un coste de 132.600 euros. Asimismo, la creación de una nueva bonificación para la incorporación de trabajadores mayores de 30 años costará 1,2 millones de euros.
Finalmente, las empresas que contraten trabajadores procedentes de las empresas de inserción disfrutarán de una nueva bonificación en las cuotas empresariales de dichos trabajadores, lo que implicará un gasto más de 2,6 millones de euros.