En el lado extremo se sitúa la apertura de un proceso judicial. Así, ante una situación de impago, la Ley de Enjuiciamiento Civil permite reclamar cantidades de hasta 250.000 euros, siempre que se puedan acreditar mediante facturas. Este proceso, según informan especialistas en facturación de la empresa Contamoney, está pensado para autónomos y responsables de pymes que requieren hacer uso de un mecanismo sencillo y rápido, pues en la mayor parte de los casos se resuelve en apenas unas semanas.
Por último, los autónomos también tienen alternativas y soluciones a las que pueden acceder libremente, como el Factoring. Es un instrumento de financiación dirigido a las empresas. El mismo se lleva a cabo a través de un contrato en el que una empresa traspasa las facturas que ha emitido y, a cambio, obtiene el anticipo que le deben de una entidad financiera.
Esta operación conlleva múltiples ventajas para las empresas, pues estas organizaciones simplifican sus trámites administrativos, eliminando a su vez el riesgo de impago. De hecho, su principal virtud consiste en la no obligatoriedad de emitir un pagaré, de modo que la empresa pueda obtener financiación a través de la presentación de una factura.