Juzgado y Fiscalía reactivan el proceso siguiendo la línea propuesta por la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI)
El Juzgado de Instrucción nº 48 solicita una valoración económica de las 2.935 viviendas vendidas, así como justificaciones de los gastos de tramitación y tasación. Además, llama a declarar como testigos a dos cargos de la Consejería de Transportes y Vivienda y a la arquitecto de la empresa que realizó las tasaciones
La querella por malversación de fondos públicos y prevaricación contra los responsables de la venta de 2.935 viviendas del IVIMA al fondo de inversión Azora-Goldman Sachs toma un nuevo impulso con la petición a la Comunidad de Madrid y a otros organismos de nuevos documentos y con las citaciones a declarar de nuevos testigos. Así, el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid acaba de dictar una providencia, a solicitud del Ministerio Fiscal, en la que, entre otras cosas, solicita a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude un informe sobre las posibles conexiones societarias entre las empresas que participaron en la operación y Bussola 99, la SICAV de Pablo Cavero, anterior consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid y actual concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid. En concreto, el juzgado demanda esclarecer las “posibles relaciones económicas” entre Bussola 99, Azora Gestión, Encasa Madrid y Goldman Sach Group.
Por otro lado, en concordancia con las alegaciones de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI) y con el Informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que declara un quebranto de más de 100 millones de euros en el patrimonio público con la operación de venta, el tribunal solicita la práctica de una valoración de los inmuebles enajenados a fin de conocer el valor real de los mismos. Se trata de un total de 7.929 inmuebles, de los cuales 2.935 eran viviendas en régimen de alquiler y alquiler con opción a compra y el resto plazas de garaje, de aparcamiento y locales.
Entre las diligencias que se dictan, hay peticiones sobre justificación de gastos, cuestiones referentes a la tasación de las viviendas e incluso datos sobre una supuesta reunión entre los representantes de dos de las empresas licitadoras con responsables del IVIMA o de la Consejería de Vivienda.
En la misma providencia, el juzgado cita a declarar como testigos el próximo 30 de noviembre a Fernando Pascual Santodomingo, jefe del Área de Contratación de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, a Beatriz Solano Merino, interventora delegada de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid y a Beatriz Ibernón Sánchez, arquitecta de ST Sociedad de Tasación, la empresa a la que el IVIMA encargó la tasación de los inmuebles.
Tal y como resume AVVI, “las diligencias que solicita la fiscalía coinciden con las peticiones de información de nuestros abogados y con la línea argumental mantenida por esta organización, en relación a las irregularidades que se pudieran haber cometido en la venta de casi tres mil viviendas sociales a fondos buitres: impedir el legítimo derecho de tanteo de los inquilinos, realizarla a un precio muy inferior al de mercado y del que deben pagar ahora los legales adjudicatarios, la modificación de la ley en pleno proceso de enajenación y la venta final a una empresa que no era la adjudicataria, entre otras”.
Por eso, la asociación de damnificados saluda la reactivación del proceso, justo cuando se cumplen dos años desde que se comunicase a los inquilinos la venta a empresas privadas de sus viviendas (esto se produjo el 23 de octubre de 2013). Precisamente por el tiempo transcurrido, AVVI recuerda “el drama que llevan padeciendo desde entonces miles de familias, para las que este periodo está suponiendo una cotidiana vulneración de sus derechos fundamentales y un permanente sufrimiento”.
Por último, AVVI subraya como hace dos semanas Ciudadanos se unió al PP para rechazar una Proposición No de Ley de Podemos en la Asamblea de Madrid en la que se instaba al Gobierno de la Comunidad de Madrid a reintegrar en su parque de vivienda pública las 2.935 viviendas propiedad del IVIMA enajenadas en octubre del 2013. Por eso, exigen “una explicación del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre el cambio de opinión en sus políticas sociales en referencia a la vivienda pública, a la par que queremos recordar que la vivienda pública en nuestro país se ha construido con los impuestos de la ciudadanía y una de sus funciones es proteger a una parte de la sociedad que se encuentra en riesgo de exclusión social”.