Las nuevas medidas fiscales anunciadas por el Gobierno municipal para estimular la implantación en Murcia de empresas, como la eliminación de la tasa que se paga al pedir la licencia de apertura de nuevos negocios, han sido bien recibidas por parte del colectivo de trabajadores por cuenta propia. Pero la presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) en la Región de Murcia, Yolanda Paredes, pidió ayer al alcalde de Murcia, José Ballesta, que no se descuide a los autónomos ya consolidados, «que son los que han soportado la peor parte de la crisis y apenas reciben ayudas». En un encuentro celebrado ayer en la alcaldía, la representante de ATA planteó al máximo responsable de la Administración local la necesidad de apoyar a aquellos trabajadores constituidos desde hace más de tres años.
1.- ATA quiere establecer un recargo automático del 20%, no negociable, para cualquier factura que el Ayuntamiento pague a proveedores fuera del plazo legal establecido, que son 30 días.
2.- En cuanto a la Seguridad Social, ATA considera excesivo el recargo de un 20% por retraso en el pago de las cotizaciones y propone que sea progresivo y que se penalice la reincidencia.
3.- Establecimiento de una ayuda de 426 euros para autónomos que hayan agotado su prestación por cese de actividad.
4.- Tolerancia cero con la morosidad y la economía sumergida; solicitan un buzón anónimo para que cualquier persona pueda denunciar posibles casos.
5.- Creación de zonas libres de tasas e impuestos para estimular la creación de nuevos negocios en determinados lugares. El Consistorio ya ha anunciado la eliminación de la tasa por apertura de negocios, pero ATA considera que podría ampliarse.
6.- Plan Personalizado de Pago para cumplir cómodamente con tributos y tasas municipales.
7.- Agilización de la expedición de las licencias de apertura.
«Está muy bien bonificar a los jóvenes y a los nuevos emprendedores», señala Paredes, «pero los que llevan tiempo trabajando lo ven hasta cierto modo como competencia desleal. Lo que nos cuentan los asociados es que ellos pagan íntegramente la tasa y los nuevos tienen bonificación del 50%. Lo que pedimos es que se mire también por esos autónomos que lo han pasado mal y que en muchos casos han liquidado sus ingresos y sus ahorros, y ahora ven que para ellos no hay ayudas».
La propuesta que realizó ayer ATA al Gobierno municipal incluye una bajada general de tasas y tributos «para tratar de aliviar un poco la situación de los autónomos». En el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Ayuntamiento ya anunció la semana pasada su intención de reducirlo un 2% el próximo ejercicio, y su renuncia a aplicar el incremento del 10% en los valores catastrales, así como la congelación del resto de tributos, tasas y precios públicos. Otra petición que realizó la asociación es la posibilidad de que los autónomos puedan acogerse al Plan Personalizado de Pagos, con el fin de cumplir con sus obligaciones tributarias en 12 meses, como realiza ya la mayoría de contribuyentes.
En cuanto al pago a proveedores, ATA reconoce que Murcia es uno de los ayuntamientos que más ha reducido el tiempo y recuerda que toda administración tiene hacerlo antes de 30 días. «Pero igual que el autónomo tiene que pagar un 20% de recargo cuando se retrasa en sus pagos, consideramos que la administración pública debe dar ejemplo y si se retrasa en los pagos, igual que el autónomo, debería recibir esa penalización del 20%». Paredes expone que no todos los casos son iguales. «Vamos a valorar cuando se produce un retraso en el pago por parte de un autónomo si ha sido intencionado, si es que se hace siempre. Porque en muchos casos son puros despistes, porque estás pendiente de cobrar y dices si no lo hago hoy lo hago mañana, y al final te encuentras con el 20% de recargo. Creemos que debería penalizarse a la segunda, o a la tercera, cuando comprobemos que ese retraso es habitual, porque un 20% es mucho para un autónomo. Y luego hay que tener en cuenta que muchos no pueden cumplir porque tienen alguna factura pendiente de cobrar del Ayuntamiento o de la Comunidad Autónoma, y eso ya es motivo más que suficiente para que no se aplique ese recargo, porque en muchos casos es la propia administración la que tiene contraída la deuda y no paga a tiempo a su proveedor».