La primera, que recoge una horquilla de entre 2.000 y 18.000 euros con un máximo del 75 por ciento de la inversión, está destinada a incentivar proyectos que mejoren la estructura preventiva propia en la empresa, como la implantación de servicios de prevención propios o mancomunados; la formación en seguridad laboral o los gastos de contratación de técnicos de seguridad. La segunda, que incluye los mismos incentivos económicos que la anterior, financia la puesta en marcha de proyectos que faciliten el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad laboral.
Según la Junta, se incentivan en esta tanto los programas de actuación específicos para prevenir accidentes que haya sufrido la empresa como el diseño de sistemas de gestión de seguridad y salud Laboral; los diagnósticos de riesgos emergentes; los planes de formación específica o estudios ergonómicos y psicosociales, entre otras medidas. La tercera línea de incentivos que incluye la nueva orden, recoge ayudas de entre 2.000 y 18.000 euros, con un máximo del 75 por ciento de la inversión, para la implantación de nuevos equipos y medidas de seguridad.
En esta, se subvenciona desde la adaptación hasta la compra de equipos de seguridad en los distintos sectores, incluyendo por ejemplo la sustitución en el sector de la construcción de andamios de trabajo antiguos o defectuosos por aquellos que se ajustan a la normativa europea; las instalaciones necesarias para prevenir riesgos químicos, o los equipos necesarios para la maquinaria y tractores agrícolas y los trabajos de transformados de cuarzo.
Por último, la cuarta línea de ayudas, que recoge incentivos de entre 1.500 y 12.000 euros con un tope del 75 por ciento de la inversión, incluye subvenciones destinadas a promover el diseño de proyectos innovadores y el desarrollo e intercambio de buenas prácticas preventivas entre las empresas. Las acciones que van a desarrollar estas 23 empresas sevillanas se centran principalmente en la adquisición de equipos de trabajo de protección y maquinaria especificada en la planificación preventiva así como la adaptación de la ya existente a las condiciones de seguridad requeridas por la normativa.
Esta orden, publicada en marzo, aparte de ampliar el porcentaje subvencionado, también introdujo como novedad que se diese prioridad a las solicitudes presentadas para proyectos de mejora de la protección en los casos de exposición a sílice (empresas de transformado del cuarzo); agentes cancerígenos, mutágenos y teratógenos (malformaciones); para el control del ruido en la industria de la madera o para implantar dispositivos de prevención del vuelco de maquinaria. Igualmente, han sido considerados prioritarios, según indica la Junta, los proyectos de ergonomía participativa —estrategias para prevenir los trastornos musculuoesqueléticos por las cargas físicas en los centros de trabajo—, o de mejora de la ergonomía en la industria agroalimentaria.