La Administración de Castilla y León adeuda más de 700 millones de euros a los autónomos de la Comunidad, de los cuales el Gobierno Regional adeuda 407 millones, de manera que se sitúa como entidad pública más morosa con este colectivo, según un informe sobre la morosidad de las entidades públicas que ha realizado la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) Castilla y León y que se ha presentado este miércoles.
En concreto, según ha explicado el colectivo, la deuda de la Administración autonómica ha pasado de los 134 millones de euros que tenía pendiente de pago a proveedores autónomos en mayo de 2015 a los 407 de noviembre de ese mismo año. Los datos analizados por esta organización, de mayo a noviembre de 2015, sitúan a los ayuntamientos de la nueve provincias de Castilla y León como segundas entidades más deudoras, con una cuantía que asciende hasta los 50.782.211 euros, un 4,2 por ciento menos que en el mes de mayo del pasado año.
La morosidad de las diputaciones provinciales se cifra en 19.712.854 euros, un 2,7 por ciento menos. PUBLICIDAD Al analizar la morosidad de las diputaciones de las diferentes provincias cabe destacar que cinco de las nueve cumplen con el plazo de pago de las facturas de 30 días que establece la Ley de Morosidad. A pesar de esto, el plazo medio se sitúa en 34 días. En referencia a los ayuntamientos de las capitales de provincia se sitúa en 44. En ambos casos se ha experimentado un crecimiento del 15,2 por ciento en los últimos seis meses. El Gobierno regional paga —con datos a finales de noviembre—las facturas que mantienen con sus proveedores en una media de 71 días, periodo que también se ha incrementado desde los 43 días en los que se pagaba en mayo de 2015, mientras que el conjunto de las administraciones públicas paga las facturas en una media de 61 días. El presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor, ha manifestado en la presentación de este informe que, a pesar de estos datos, "Castilla y León no es precisamente una comunidad que se caracterice por ser la más morosa de España, sino al contrario, es una de las mejores del conjunto nacional". "Hablar de una media de 61 días en cobrar las facturas en Castilla y León no es una morosidad muy alta cuando la media de España es de 86", ha subrayado Amor. Asimismo, el presidente nacional de ATA ha expresado su preocupación por esta morosidad pública ya a partir del mes de mayo pasado se ha experimentado "un incremento en los periodos de pago". Amor ha subrayado que "el problema" de la Ley de Morosidad es que viene "muy bien en el BOE" pero no ha servido para "atajar" uno de los grandes problemas de esta país que es "no cumplir con los pagos".
Por su parte, la presidenta de ATA en Castilla y León, Soraya Mayo, ha indicado que el objetivo de este informe es el de "velar y denunciar" a aquellas administraciones morosas con este colectivo. Además ha solicitado que tanto el Gobierno nacional como la Unión Europea "establezcan mecanismos para sancionar a las administraciones que no cumplen la Ley de Morosidad". Las diputaciones que mejor pagan La Diputación de Segovia es la que mejor paga a sus autónomos, en un plazo medio de 20 días, le siguen las diputaciones de León y Palencia que pagan en 21 y 23 días respectivamente. La de Zamora, se sitúa también dentro de lo que establece la ley, con un periodo medio de pago de sus facturas de 25 días.
En situación contraria está la Diputación de Valladolid que el pago de facturas a proveedores ha pasado de 22 a 29 días. El resto de instituciones provinciales se alejan de lo que establece la ley, de forma que la de Ávila duplica este plazo y sitúa el periodo medio de pago en 60 días, al igual que las de Salamanca, Burgos y Soria. "Algo no se está haciendo bien en estas provincias, no sólo los periodos medios de pago se sitúan fuera de lo que marca la ley, sino que tanto el periodo medio de pago como la cuantían adeudada han aumentado en los últimos seis meses", ha subrayado Mayo. En cuanto a los ayuntamientos, el de Segovia es el que "mejor paga", con 22 días, y Salamanca y Valladolid pagan sus facturas en una media de 29 y 30 días, respectivamente. En el otro extremo, de los consistorios de León, Burgos, Zamora y Ávila la media de espera para cobrar es de dos meses, "plazo que duplica lo que establece la ley".