Extremadura, con 155 días de media, junto con Aragón (137 días), Baleares y Comunidad Valenciana (114 días de media) y Murcia (107 días de media) son las administraciones autonómicas que más infringen la Ley de Morosidad, al tardar entre cuatro y cinco meses en hacer frente a las deudas que mantienen con sus proveedores.
Con periodos medios de pago superiores a la media nacional (85 días) se sitúan también Cantabria (93 días); Castilla y León (89 días) y Madrid (88 días). Por debajo de la media se encuentran Andalucía (83 días), Cataluña (79 días), Castilla-La Mancha (69 días), Galicia (66 días) y La Rioja (60 días).
Aunque todas las comunidades incumplen el plazo de 30 días que establece la Ley de Morosidad, las que más se acercan y, por tanto, tardan menos tiempo en pagar a sus proveedores autónomos, son Navarra (41 días) y País Vasco (42 días), mientras que Canarias tarda una media de 53 días en pagar y Asturias, de 54 días.