Mucha pedagogía es lo que recomendó el martes la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para que los trabajadores autónomos se conciencien de que tienen que pagar más para autofinanciarse sus pensiones, algo que ahora no ocurre. Según los últimos datos a ejercicio cerrado, en 2015 el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social recibió unos ingresos por cotizaciones de los ocupados por cuenta propia de 10.974,91 millones de euros; mientras que cobraron 17.738, 82 millones de euros en pensiones contributivas de todo tipo, en su mayoría de jubilación. Esto arrojó un déficit el pasado año de 6.763,91 millones de euros. Estos números rojos representan más de un tercio de todo el déficit del sistema de Seguridad Social, cuando los afiliados al RETA solo son el 18% del total de cotizantes al sistema. ¿Por qué ocurre eso?
Según la Seguridad Social, la base media de cotización de un trabajador autónomo es un 40% inferior a la de un asalariado del Régimen General. La causa principal por la que pagan menos es que eligen su base de cotización libremente, independientemente de sus ingresos reales. Esto hace que el 84% de los autónomos coticen por la base mínima, que este año equivale a unos ingresos mensuales de 893 euros brutos al mes. Es evidente que estos ingresos no corresponden con casi nueve de cada 10 autónomos, pero a efectos de recaudación para la Seguridad Social es así.
Según explican desde la Seguridad Social en su último informe sobre las recomendaciones del Pacto de Toledo, “tradicionalmente la base mínima del RETA siempre era superior a la del Régimen General para paliar en parte el citado efecto de la elección voluntaria de bases. No obstante, entre 2005 y 2012, la base mínima de los autónomos se ha ido incrementando menos que la del Régimen General, y prácticamente siempre por debajo del aumento del IPC”.
De esta forma, pese a que desde 2013 la base mínima de los autónomos –por la que cotizan casi nueve de cada 10 afiliados al RETA– ha vuelto a aumentar más que la de los asalariados, esto no ha evitado que entre 2005 y 2015 su cotización mínima haya crecido un 14,8% mientras que el IPC subió un 22,1% y la base mínima del Régimen General, se incrementó un 26,4%.
Esto, unido a las menores carreras de cotización de los autónomos (el 68% de los asalariados ha cotizado más de 35 años a la Seguridad Social frente al 40% de los autónomos), hace que sean muchos más autónomos los que no logran cotizar lo suficiente ni siquiera para autofinanciarse una pensión mínima.
Por ello, como la ley garantiza una pensión mínima contributiva si se cumplen los requisitos de edad y número de años cotizados, cuatro de cada 10 autónomos (el 38,74%) recibe un complemento a mínimos que eleva lo que le corresponde estrictamente por haber cotizado lo mínimo hasta la cuantía de la pensión mínima del sistema cada año. Así, este complemento es cobrado por casi el doble de autónomos que de asalariados, que solo lo reciben en un 23% de los casos.
No obstante, dicho todo esto, tal y como permite la ley, en los últimos años de cotización previos a la pensión (desde que el autónomo cumple los 47 años) cuatro de cada 10 autónomos eleva su cotización por encima de la media para incrementar su futura pensión. Pese a todo, la prestación que se llevan estos trabajadores es aproximadamente un 50% inferior a la media de la pensión que cobran los asalariados.
Ante todo esto, el Gobierno solo apela, de momento, a la “pedagogía” para elevar las contribuciones de los autónomos a la Seguridad Social. Pero será el Parlamento el que, bien en el Pacto de Toledo o en la subcomisión que estudia la reforma del RETA, decidirá finalmente si se toman otro tipo de medidas legales para obligar a los trabajadores por cuenta propia a elevar sus cotizaciones.
Entre las posibilidades que han barajado hasta ahora distintos partidos políticos como el PSOE o Ciudadanos está que los autónomos dejen de elegir su base de cotización y sus aportaciones se modulen en función de sus ingresos reales.
Las asociaciones de autónomos aseguran que con esta medida, más de 700.000 autónomos con ingresos anuales superiores a 30.000 euros pasarían a cotizar más de lo que hacen ahora. Esta medida se podría contrarrestar, no obstante, con otra propuesta electoral: que los autónomos que tengan ingresos inferiores al salario mínimo no coticen nada. De momento, todo está sobre la mesa y nada decidido.