La práctica totalidad de la Cámara, a excepción de PNV y ERC, respaldó el martes la toma en consideración de la Proposición de Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, una iniciativa impulsada por Ciudadanos y que podría convertirse en uno de los grandes pactos de la legislatura. De igual modo, la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso aprobó el jueves una subcomisión para la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), a propuesta de los de Albert Rivera y PDECat, la antigua Convergència.
La reforma aflorará durante los próximos cuatro años 250.000 actividades ahora sin declarar, gracias –sobre todo- a la ampliación de seis meses a un año de la tarifa plana de 50 euros a pagar inicialmente a la Seguridad Social por los nuevos autónomos y los que reemprendan, y a la extensión del resto de bonificaciones a los dos primeros años. No obstante, la ley persigue implementar una batería de medidas, entre las que destacan la posibilidad de cotizar por los días reales de trabajo en el mes en el que se produzca el alta o la baja y no por meses completos; la opción de cambiar la base de cotización cuatro veces al año; el alivio de los recargos que pagan los autónomos por sus deudas a la Seguridad Social; la deducción de hasta el 50% en el IRPF de los gastos relacionados con el vehículo; la desgravación de hasta un 20% de los suministros de agua, gas y electricidad; la exención del abono de las cuotas para quienes no alcancen el salario mínimo; la compatibilidad del trabajo por cuenta propia con la percepción de una pensión de jubilación o las bonificaciones en las cuotas durante las bajas de maternidad.
Si bien la mayoría de los partidos del arco parlamentario respaldó la iniciativa, un buen número presentará enmiendas durante su tramitación, ya que alegan que los auténticos problemas de los autónomos son la fiscalidad, la financiación o la morosidad de las administraciones.
Desde la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) esperan que al menos medio millón de nuevos autónomos se acojan a la nueva tarifa plana extendida en los dos años posteriores a su puesta en marcha y que afloren 150.000 actividades hoy en la economía sumergida gracias a la misma. Y es que esta medida supondría que los beneficiarios pagarían una cuota reducida durante dos años, mientras que los menores de 30 años y las mujeres menores de 35 abonarían una cuota reducida de tres años.
La ley pretende eximir del pago de las cuotas a aquellos autónomos cuya facturación no alcance el salario mínimo interprofesional, una medida a debatir en la subcomisión del Congreso, puesto que antes de nada es necesario establecer claramente el criterio de habitualidad. La jurisprudencia establece que no hay habitualidad si no se supera el SMI anual y, por tanto, no hay obligación de cotizar –pero sí de tributar–.
Sin embargo, existen interpretaciones por parte de la Inspección de Trabajo que entienden que en algunas circunstancias, como cuando existe un local abierto al público con un horario o el comercio electrónico a través de una página web, hay vocación de habitualidad y, por ende, es obligatorio cotizar. En cualquier caso, una cuota a la Seguridad Social de casi 300 euros supone cerca de la mitad del SMI, lo que desincentiva la cotización por parte de los autónomos que se encuentran en esa situación. Así, los expertos defienden que una exoneración para los no habituales de la cuota, pero con alta en el sistema a efectos de registro, permitiría que muchas actividades que hoy no lo hacen tributasen fiscalmente. Además, una cuota hiperreducida para los que estando por debajo del SMI sí tuvieran habitualidad permitiría dirigir servicios de orientación y ayuda a los autónomos que se prolongan en una situación de mera subsistencia.
Compatibilizar el trabajo por cuenta propia con la percepción de una pensión es otra de las pretensiones. Si bien desde enero de 2013 los trabajadores, tanto por cuenta ajena como autónomos, mayores de 65 años pueden compatibilizar trabajo y pensión, el 85% de los 30.900 beneficiarios son autónomos que compatibilizan el 50% de su prestación de jubilación con la realización de un trabajo por cuenta propia. En total, son 24.720 autónomos mayores de 65 años que aunque figuran como beneficiarios de pensión aún siguen cotizando y realizando un trabajo.
Se trata de una medida que ha tenido más impacto entre los autónomos que entre el resto de sistemas de cotización. Así, mientras que más del 40% de los nuevos autónomos pensionistas ha optado por esta fórmula, entre el total del sistema apenas ha sido del 5% de cotizantes. Por eso, recalcan desde ATA, poder cobrar el 100% de pensión y seguir trabajando es una buena iniciativa que favorecerá, sobre todo, al colectivo de los autónomos.
Entre enero de 2013 y septiembre de 2016, el número de pensionistas autónomos ha crecido en 57.000. Y de ellos, un 43% (24.720 personas) han optado por compatibilizar trabajo y pensión. Fuentes consultadas de ATA creen que, sin duda, esta medida facilitaría que el número de autónomos mayores de 65 años que optan por esta fórmula se multiplique por cinco en los próximos cuatro años, asestando un necesario y duro golpe a la economía sumergida, que en España supera el 18% del PIB. A los beneficiarios de pensión que realizan actividades sin declarar por temor a perder su pensión la posibilidad de cobrar el 100% de la prestación con la realización de un trabajo les animará a cotizar y tributar.
El artículo 1 de la proposición de ley, dentro de las medidas para aligerar las cargas administrativas de los autónomos, recoge la modulación de los recargos por ingreso fuera de plazo para los trabajadores por cuenta propia, de manera que se reducirá del 20 al 3% las sanciones interpuestas por retrasos superiores a los tres meses en los pagos a la Seguridad Social. Desde ATA consideran que un 20% de recargo sólo por retrasarse 24 horas en el abono de la cuota es «injusto y confiscatorio». Máxime, teniendo en cuenta que ninguna administración en España paga en tiempo y forma, y que nadie les sanciona. «Esperemos que se ponga en marcha lo antes posible, pues muchas veces son los propios recargos de la Administración los que hacen insostenibles las deudas», agregan.
El título III de la proposición de ley recoge una serie de medidas para favorecer la conciliación entre la vida familiar y laboral de los autónomos, entre las que destaca la mejora de la bonificación de cuotas de Seguridad Social para trabajadores autónomos en periodo de descanso por maternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o la lactancia natural, o suspensión por paternidad. Asimismo, alberga una bonificación a trabajadoras autónomas que se reincorporen a su actividad después de dar a luz. De esta forma, durante la baja y tras su reincorporación, las autónomas no pagarán cuota.