UPTA pide a la Seguridad Social y a la Secretaria de Estado para la Sociedad de la Información medios y apoyo para que se pueda cumplir esta nueva obligación.
El pasado día 6 de Marzo el BOE ha publicado la orden EES/214/2018, de 1 de Marzo, por la que se modifica la Orden EES/484/2013, de 26 de marzo, que regula el Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social.
El denominado Sistema RED constituye la principal plataforma de acceso a los servicios electrónicos de la seguridad social a través del cual se realizan los trámites y actuaciones de las empresas con la Administración de Seguridad Social.
La Orden EES de hace más de cuatro años estableció la obligación de las empresas en la utilización de la Plataforma, excluyendo entonces a los trabajadores autónomos, en la medida que se valoraba que este colectivo no había evolucionado suficientemente en materia de desarrollo digital como para extender la obligación a los mismos.
La nueva Orden considera, aunque no lo justifica ni demuestra, que pasados más de cuatro años ya es el momento de ampliar esta obligación a todos los autónomos, incluidos los del Grupo I del Régimen del Mar, y para ello da un plazo de seis meses para la incorporación al Sistema RED.
Las actuaciones que necesariamente deberán hacerse por el Sistemas son:
• Inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores, así como cotización yrecaudación.
• Comunicación de partes médicos de baja.
• Comunicaciones de suspensiones de contratos de trabajo y cualesquiera otras actuaciones que vengan exigidas por la normativa de seguridad social.
UPTA considera que, si bien es razonable que progresivamente todos los colectivos sociales y económicos se vayan incorporando al modelo de comunicación digital, sin embargo, la exclusiva quizá no esté aun suficientemente justificada, de hecho todavía existe una fuerte brecha digital entre el colectivo de los autónomos y el de las empresas en general.
Por esta razón, UPTA considera urgente que, para evitar las distorsiones o incidencias negativas que podría acarrear esta medida, desde las Administraciones Públicas, en particular la propia Administración de la Seguridad Social y la Secretario de Estado para la Sociedad de la información y la Agenda Digital, articulen un programa de apoyo, tanto formativo como para el acceso a medios materiales que permitan en estos seis meses las generalización de medios y conocimientos suficientes entre los autónomos para aplicar la nueva obligación en términos razonables y positivos.